lunes, 3 de mayo de 2021

EL DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO PARA CON LA IGLESIA


 Por Eduardo Rubén Pennisi

Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires” (2013). Tema de tesis: “LA RELIGIÓN CATÓLICA EN LA CONSTITUCIÓN ARGENTINA” Estudio acerca de la intangibilidad del Artículo 2º de la Constitución Nacional. Teoría de la Trilogía de la Confesionalidad Católica del Estado Argentino. Calificación: Distinguido.

Profesor Titular de Derecho Político, Universidad Abierta Interamericana. Profesor Asociado de Introducción al Derecho, Universidad Abierta Interamericana. Profesor Adjunto de Derecho Constitucional, Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Ex Profesor Titular de Derecho Canónico y Derecho Público Eclesiástico, Universidad Católica Argentina. Ex Profesor Adjunto de Derecho Político Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Ex Director del Instituto de Derecho Canónico y Público Eclesiástico del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Fundador y Director del “Centro de Estudios Cardenal Pie” el 30 de noviembre de 2017. Director de la Diplomatura en Derecho Público Eclesiástico impartida en el Centro de Estudios de Derecho Público Eclesiástico Cardenal Pie. Año 2020

Es autor entre otras, de las siguientes obras: "Elementos de Derecho Constitucional",  "Historia de las relaciones entre la Iglesia y el Estado", "Iglesia y Estado, nociones de Derecho Público Eclesiástico" y “Libertad Religiosa”.

Ha dictado varas charlas y conferencias sobre los temas de su incumbencia tanto en Argentina como en el extranjero.

 §  Aspecto de la cuestión

   A partir de la sanción de "Los derechos del hombre y del ciudadano", uno de los primeros documentos jurídicos que surgen de la Revolución Francesa, se esgrimen una cierta cantidad de derechos que hasta ese momento eran inimaginables. Uno de esos derechos es la libertad de conciencia y de cultos.

Esa pretendida libertad de conciencia y de cultos puede considerarse bajo dos aspectos: en sí misma, o como consecuencia de la naturaleza del Estado. Considerada en sí misma, algunos la defienden como derecho esencial del hombre, otros como expediente político para el mayor bien de la sociedad. Nosotros hemos visto como sabiamente el Papa Pío IX, en cuanto quiere ser derecho, la declara delirio, y en cuanto expediente político, la declara medio de perdición.

Es un delirio como derecho, porque debería fundarse o en el panteísmo, o en la independencia de la criatura respecto del Creador, o en la negación de diversidad entre lo verdadero y lo falso. En lugar del derecho de creer lo que le plazca, el hombre tiene esencial deber de aceptar la verdad revelada por Dios, y de conformar a ella sus propias acciones. Y si por desgracia todavía no ha llegado a conocerla, tiene estricta obligación de poner cuanto esté de su parte para llegar a este fin. El único derecho que compete al hombre en toda esta cuestión, es el de ser conducido a la verdad por la vía de la persuasión, y no compelido por la violencia. Tal como lo ha enseñado siempre la Iglesia por medio de sus Pontífices y de sus doctores, y ha reprendido el falso celo de aquellos príncipes que alguna vez se han apartado de esta regla. El apostolado de la espada es prerrogativa del Corán y no del Evangelio.

Es, además, medio de perdición como expediente político, ya por la discordia que introduce entre los ciudadanos, contra el concepto mismo de sociedad, ya también por el ancho y resbaladizo camino que abre a la corrupción y a la ruina de las almas. El hombre, en la condición actual de su naturaleza, tiene necesidad de muchos auxilios y cuidados para preservarse de los sofismas del error y de los atractivos del vicio; pues ni la muchedumbre ignorante, ni la juventud inexperta, encuentran en sí suficiente defensa contra las artes de seductores elocuentes y astutos.

Ahora pasaremos a la otra consideración, es decir, a la que mira la libertad de conciencia y de cultos como consecuencia de la naturaleza del Estado.

El Estado, dicen algunos, por sí mismo no tiene nada que hacer con la religión, ni tiene por objeto la salud eterna de los ciudadanos. Él no puede darnos la verdad, de la que es única depositaria la Iglesia, y aun cuando reconozca a esa Iglesia, es, sin embargo, distinto de ella. Luego, bien que sea innegable que nadie tiene derecho al error y que por eso la libertad de conciencia, no puede ser aprobada por la Iglesia, con todo, el Estado debe permitir el error y dejar en libertad a cada uno de seguir o predicar cualquier creencia, siempre que no sea contraria a la tranquilidad pública. Al menos este es el concepto de las "nuevas sociedades civilizadas y perfectamente constituidas".

Esta falsa opinión de no reconocer en el Estado el deber de proteger a la Iglesia con sus leyes, también está reprobada por el maestro infalible de la fe cristiana, Pío IX en su Quanta Cura: "Contra la doctrina de las Sagradas Letras, de la Iglesia y de los Santos Padres, no dudan en afirmar que es excelente la condición de aquella sociedad, donde no se reconoce al Gobierno el deber de reprimir con penas establecidas a los violadores de la religión católica, sino en cuanto lo exija la tranquilidad pública". En cuyo lugar, y volvemos a advertir lo mismo que hemos ya otra vez advertido, no habla el Pontífice de la hipótesis particular de tal o cual sociedad que pueda encontrarse en semejante contingencia, atendidas las divisiones religiosas ya en ella arraigadas, en que la prudencia aconseja la tolerancia civil de todos los cultos, sin protección especial para el único verdadero. Sino que el Pontífice habla de la tesis general, o sea de la regla fija, con respecto a la mejor manera de gobernar, es decir, aquella manera de gobernar que mejor responda a la idea divina y a la felicidad de los pueblos.

Merece tenerse presente en esta materia, lo que Jesucristo nos enseña en una de las parábolas referida en el capítulo 13 de San Mateo. “El reino de los cielos, o sea la Iglesia, dijo, puede compararse a un padre de familia, que sembró buena simiente en su campo. Mas mientras dormían los criados, vino su enemigo y sembró sobre el trigo la cizaña. Y habiendo crecido y granado el trigo y aparecido también la cizaña, los siervos del padre de familia vinieron a él y le dijeron: ¿Acaso no sembraste buen trigo en tu campo? ¿De dónde le ha venido la cizaña? Obra es del enemigo, les respondió el dueño. Y los criados le dijeron: ¿Quieres que vayamos y la arranquemos del campo? No, les replicó él; no sea que por arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad que crezcan ambos hasta la siega, y entonces yo diré a los segadores que cojan primero la cizaña y la aten en manojos para echarla en el fuego, y recojan luego el trigo para guardarlo en mis trojes”.

Aquí claramente el padre de familia, creyó deber dejar también a la cizaña libertad de vegetación, dado que ya estaba arraigada en el campo; mas no por la consideró buena en sí misma, ni aprobó la negligencia de los colonos en haber dejado al enemigo ocasión de penetrar en su finca. Aquella concesión fue otorgada por el mismo padre de familia como oportuna en el presente estado de cosas, más, sin embargo, la declaró desastre, inimicus homo hoc fecit; desastre por otra parte que había que sufrir por evitar daños mayores, ne forte colligentes zizania eradicetis simul cum eis et triticum.

§  Tres motivos por los cuales el Estado está obligado a proteger a la Iglesia.

El Estado debe proteger con sus leyes a la religión católica. Este principio puede deducirse de tres consideraciones previas:

1.      De sus relaciones con los ciudadanos,

2.      De las que tiene respecto a la Iglesia; y

3.      De las que le ligan a Dios.

1. El Estado tiene el deber de asegurar y proteger contra todo ataque los derechos de los ciudadanos. Y los ciudadanos tienen derecho a no ser escandalizados por la disolución pública, a no sufrir que sus hijos sean corrompidos en la inteligencia o en el corazón por las asechanzas de los seductores, y a no ver vilipendiada y conculcada su propia fe por la impiedad ajena. Esto es tan cierto, que aun no existiendo ni sociedad ni Estado, las familias dispersas tendrían derecho de emplear hasta la fuerza contra un vecino contumazmente molesto y perjudicial en puntos blasfemador de Dios, son con arreglo a la razón, merecidamente comparados al agresor injusto.

Aquella fuerza, pues, que cada uno de los hombres tendría derecho a emplear por sí mismo en la condición de naturaleza, es preciso que sea ejercida por el Estado, supuesta la sociedad; y esto aun en la hipótesis liberal de que el derecho social no es más que el derecho colectivo de los particulares asociados. Además, donde la diversidad de cultos no tenga de tal modo invadida la sociedad que se haya introducido en las ideas, en los hábitos, en las costumbres del pueblo, la posesión de la verdadera religión es un bien, no sólo de los particulares, sino igualmente de la comunidad. Ahora bien; es un deber estrechísimo del Estado defender con sus propios medios la conservación de los bienes sociales, y asegurarlos contra todo asalto interno o externo.

Deber que tiene tanta más fuerza en el presente caso, cuanto que la Religión no es un bien cualquiera, sino el bien máximo del hombre, pues que se refiere a su destino eterno; y es también el bien máximo de la sociedad, la cual encuentra en ella su más fuerte apoyo. Si pues, es deber del Estado proteger con sus leyes los demás bienes inferiores, ¿cuánto más a éste que los supera a todos?.

Por último, el Estado tiene principalmente el deber de proteger la impotencia del débil contra la prepotencia del fuerte. Y el abuso de la fuerza puede tener lugar tanto en  el orden material como en el orden moral. El que tiene mayor ingenio, mayor instrucción, mayor elocuencia, tiene en su mano un arma potentísima, tanto para el bien como para el mal, y puede fácilmente abusar de ella en daño ajeno. El ignorante, el idiota, el hombre de escasa inteligencia, no tiene por sí mismo medios de rechazar el ataque: es necesario, en ese caso, que el Estado venga en su ayuda, si es cierto que lo que nos impulsa a la vida social, es precisamente el encontrar protección para aquellas cosas en que la debilidad individual es insuficiente. Y esto en cuanto al daño que la religión de los ciudadanos puede recibir.

Pero aparte de esto no debe omitirse el auxilio que presta el rigor de las leyes a la honestidad de la vida; siendo también muy cierto, que sobre los ánimos de las muchedumbres, hacen menos impresión las penas de la vida futura que las de la presente. Por lo cual, San León el Grande, en la carta al obispo Toribio, dice, que con frecuencia el temor del castigo temporal con que amenazan las leyes civiles, despierta en el corazón de los cristianos extraviados el pensamiento de la salvación eterna.

2. Yendo ahora al segundo punto, es cierto que no solamente los individuos en particular, sino también las asociaciones políticas, son miembros de esta gran sociedad establecida por Jesucristo en el mundo, que es la Iglesia. Y más lo son todavía las asociaciones políticas, puesto que forman directamente la herencia dada a Jesucristo por el Eterno Padre: "Dabo tibi gentes hereditatem tuam". Como la familia se compone de individuos y la nación de familias, así la Iglesia está compuesta de naciones. Por eso fue representada por los Profetas como un imperio que había de suceder a los antiguos imperios de la fuerza, y que con su poder moral tendría sujeta a su dominio  toda la tierra. Es por eso que los miembros de toda sociedad tienen el deber de acudir a su defensa, y asegurar su existencia tranquila contra los perturbadores de dentro y los agresores de fuera. El Estado, por lo mismo que es católico y representa una nación católica, está obligado a proteger y defender a la Iglesia por los medios de que dispone.

Pero si el Estado, apostatando como Estado de la fe, se niega a cumplir semejante deber, recae éste por su naturaleza en cada uno de los fieles, los  cuales ciertamente no pueden perder con respecto a la Iglesia su naturaleza social por culpa de quien estaba destinado a representarlos.

En tal situación  surge en la sociedad humana un necesario desorden,  esto es, una fuerza legítima independiente del depositario público de la fuerza; y no  es extraño que surja un derecho no conforme a la condición normal, cuando ésta es abandonada y trastornada.  También en lógica,  establecido un principio contradictorio, se sigue de él una conclusión contradictoria. La Iglesia, habiendo sido establecida por Dios como sociedad perfecta, ha recibido de él sin duda todos los derechos necesarios a su conservación; de lo contrario sería menester acusar a Dios de inconsecuencia, como si hubiese querido el fin negando los medios. E indudablemente, entre los derechos propios de una sociedad perfecta está el de coacción contra los enemigos interiores y exteriores. En el caso de mutua alianza entre el Estado y la Iglesia, ésta ejercita el derecho indicado por medio de aquél, en virtud de la defensa armada que el mismo le presta. De aquí la idea de las dos espadas, la espiritual y la material, confederadas y aunadas para salud del mundo. Pero rota semejante alianza, cualquiera ve que aquel derecho de la Iglesia no puede perecer, como que resulta de la naturaleza misma social, de que, no fue revestida por Estado, sino por Dios.

Además, todos los doctores enseñan que la potestad temporal debe estar subordinada a la espiritualidad;

Ahora bien: ¿quién no ve que la parte principal de esta subordinación es el armonizar las leyes civiles con las canónicas y hacer servir la fuerza de aquéllas para el cumplimiento de éstas?

Una es, la sociedad humana, que para conseguir plenamente su fin necesita de dos poderes, el espiritual y el temporal. De aquí nace como deducción necesaria que estos dos poderes, por ser distintos, tienen derecho de recíproca asistencia. De otro modo la obra de Dios sería imperfecta, y los medios no serían ni proporcionados ni entre sí bien dispuestos. Entonces, pues, como la Iglesia ayuda al Estado, exhortando a los pueblos a toda virtud humana y cívica y haciéndolos obedientes y pacíficos súbditos de la autoridad política; así por su parte es menester que el Estado ayude a la Iglesia, prestando apoyo a sus leyes, y castigando a los perturbadores de la fe y de la moral cristiana.

Perfectamente dice a este propósito Phillips: “No basta que ellos, los príncipes, cuiden de cuanto se refiere a las necesidades externas de la Iglesia, el sostenimiento de su culto y los medios de subsistencia para sus ministros; pues que no es un pleno cumplimiento de todos sus deberes para con ella el no negar la protección legal a que toda sociedad lícita tiene derecho por sí misma. Ellos deben además, y éste es el fin supremo, la principal misión de la potestad temporal, favorecer el establecimiento del reino de Dios, y por consiguiente dar a sus pueblos una legislación que esté en armonía con la ley divina anunciada por la Iglesia, una legislación que preste el apoyo  de su autoridad a las prescripciones de la ley religiosa".

Pues bien, la primera condición de una alianza eficaz de la ley del Estado con las leyes de la Iglesia, es la aplicación de los medios coercitivos de que dispone el Estado, en todos aquellos casos en que la pena espiritual es insuficiente.

La voz del Pastor no siempre tiene bastante virtud para ahuyentar a los lobos rapaces del redil de Jesucristo. Corresponde en estos casos al príncipe investido con la autoridad de la espada, armase de su fuerza para contener y poner en fuga a todos los enemigos de la Iglesia.

3. Aquí la materia misma nos lleva al tercer punto, ya que el gobernante terreno debe estar sujeto a Dios, no solamente como hombre, sino también como gobernante. Pues si en los actos que dicen relación a uno y a otro orden obra como ente moral, debe hacerlos servir todos a la gloria divina. Esto debe hacerse cooperando con la Iglesia en pro de la salud de las almas y de la conservación y propagación de la fe, puesto que a la Iglesia  Dios le ha confiado el encargo de procurar su gloria y procurarla con la santificación de los fieles. Por lo cual, el Papa San León el Grande, escribiendo al emperador León, le decía: “Tú debes continuamente pensar que la regia potestad te ha sido dada, no sólo para el gobierno del mundo, sino principalmente para la protección de la Iglesia.

San Agustín, en su libro "La Ciudad de Dios", dice: “No llamamos felices a los emperadores cristianos cuando reinaron mucho tiempo, ni porque hayan muerto tranquilamente dejando la corona a sus hijos... sino cuando habiendo empleado principalmente su potestad en extender el culto de Dios, la hicieron sierva de la Majestad Divina”.

Escribiendo también al conde Bonifacio, gobernador del Africa, se expresa así: “De una manera sirve el príncipe a Dios en cuanto hombre, y de otra manera en cuanto príncipe. En cuanto hombre, sirve a Dios viviendo según la fe: en cuanto príncipe sirve a Dios haciendo leyes que prescriban el bien y prohiban el mal. En esto, pues, sirven a Dios los reyes, como tales, haciendo en su servicio aquellas cosas que no pueden hacer sino los reyes”.

Esto deberían comprender los que gobiernan los pueblos, si actuaran con sabiduría y entendiesen su oficio. Y deberían también comprender que en ello no se trata tanto del interés de la Iglesia cuanto de sus propios intereses. Porque la Iglesia, que, en medio de las persecuciones de tres siglos llegó a enseñorearse del mundo, podrá vivir sin la protección de los gobiernos terrenos y sin sufrir sustancial detrimento, acudiendo Dios a sostenerla por vías extraordinarias; pero el mundo se arruinaría si queda privado del socorro de la Iglesia. La separación del cuerpo y el alma produce sobre todo un daño para el cuerpo, que por esta separación muere y se corrompe.


§  Origen de este deber. Corolarios

   ¿En qué ha variado el poder político, por el advenimiento del cristianismo? En sus relaciones exteriores. Mientras antes tenía relación con el fin puramente natural de los individuos, ahora la tiene con el fin sobrenatural de los mismos. Mientras antes estaba en contacto con una autoridad religiosa, que él mismo se apropiaba o que de él era dependiente, ahora tiene enfrente un sacerdocio de procedencia más alta que la suya, totalmente distinto de él y superior a él. Mientras antes bastaba que el orden público tuviese por norma la honestidad de las costumbres, conocida por la luz de la razón, ahora esta misma honestidad de costumbres es menester que sea regida por la verdad revelada y por las prescripciones de la ley evangélica.

De donde aparece que la mutación de relaciones de que hablamos dimana de tres puntos coherentes con aquéllos que hemos enumerado antes.

El primero es que en la sociedad cristiana el pueblo no está ya compuesto de hombres simplemente, sino de fieles; esto es, de hombres reengendrados por Jesucristo a la vida de la gracia, investidos de nuevos derechos y obligados por nuevos deberes. El término, pues, a que se refiere la autoridad política ha variado, y toda mutación de término lleva tras sí mutación de relaciones de sujeto correspondiente.

El segundo es que por la institución de la Iglesia, la sociedad ha sido por derecho divino sometida al gobierno de un nuevo poder supremo, el poder sacerdotal, del todo independiente del poder político, y con quien el poder político debe ponerse en armonía para que la marcha social sea ordenada y tranquila.

Por último, si el mismo gobernante ha abrazado la fe, no puede menos que obrar en conformidad con esta fe, aun como gobernante, puesto que la fe constituye en norma suprema de toda obra moral, y sería absurdo el querer sustraer del orden moral los actos gubernativos, como si no fuesen actos libres del hombre y por tanto capaces de bondad o de malicia.

De lo cual surgen dos corolarios.

Primero: El poder político por el advenimiento del Cristianismo ha sido reducido a más estrechos límites;

Segundo: En los nuevos límites a que ha quedado reducido, ha sido elevado a una dignidad muy superior a su propia naturaleza. Ha sido encerrado en más estrechos límites, porque como sabiamente observa Suárez, le ha sido por entero quitado el orden religioso, el cual, socialmente considerado, dependía de él en el paganismo. Entonces el cuidado de la religión, en cuanto es pública, tenía por objeto la felicidad de la república, y por eso era atribución del poder real.

jueves, 29 de abril de 2021

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA BANDERA FEMINISTA: “SEPARACIÓN DEL ESTADO Y LA IGLESIA”?

Entrevista De Leandro Hilarión Furque
Responde Juan Carlos Monedero (H)

Juan Carlos Monedero es argentino, católico y tiene 35 años. Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Escritor y docente. Autor del libro “Lenguaje, Ideología y Poder”, prologado por el R. P. Alfredo Sáenz y el Dr. Antonio Caponnetto, que ya lleva dos tomos.  Su trabajo pueden encontrarse en su canal de Youtube y en su web: www.jcmonedero.com. También está presente en otras redes sociales. Trabaja los temas de la guerra cultural, el evolucionismo, la lucha contra el aborto, la ideología de género y también la guerra psicológica. Su tesis de Licenciatura versa sobre el punto: “La teoría de la evolución y la fe católica”, la cual está por llevar a formato libro. Desde el 2008 viene publicando artículos periodísticos, reseña de libros y ensayos sobre temas filosóficos, religiosos y sociales vinculados a la actualidad, muchos presentes en Internet. Ha colaborado con la RFF–Misiones, Chaco por la Vida, el Centro de Estudios Nuestra Señora de Itatí (Corrientes), SITA, INFIP, GLADIUS, entre otras corporaciones. Ha participado de debates con protestantes y evangélicos en torno al principio de la Sola Scriptura. Ha participado de un debate público en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, presentando los argumentos científicos, epistemológicos y filosóficos contrarios a la teoría de la evolución. Dictó varias conferencias en el espacio cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Manzana de las Luces. Incursionó también en debates periodísticos y televisivos, especialmente en torno al tema de los proyectos de legalización del aborto. Recientemente, ha publicado en Amazon un libro titulado “2020: Argentina y el mundo bajo cuarentena: OMS, pandemia, COVID-19, tiranía sanitaria, nuevas vacunas y mucho más". En la actualidad, dicta cursos y clases particulares tanto de forma presencial como online. Está preparando otro libro, titulado Manual del Guerrero Cultural. Está casado y tiene un hijo.

¿Qué es lo primero que tenemos que saber sobre el tema?

Primero y ante todo, ¿es una bandera “feminista”? Vamos a dejar en suspenso este punto para abordar lo primero que tenemos que saber sobre el tema: ¿Qué entendemos cuando decimos “Separación entre Iglesia y Estado”? ¿Qué entiende la doctrina católica cuando enseña que “deben estar unidos”? ¿Están, hoy, el Estado y la Iglesia unidos, y los feministas intentan separarlos?

¿Qué dice la doctrina católica sobre el tema?

Según la doctrina católica, hay unidad entre la Iglesia y el Estado cuando las leyes, normativas y reglamentos de una nación tienen por parámetro el Evangelio de Cristo, con todas las verdades que este Evangelio supone en el orden religioso, moral, político, económico, social y cultural, materializadas en el pensamiento católico.

 Entonces, ¿qué entiende la doctrina católica cuando dice “la Iglesia” debe estar unida al Estado?

“La Iglesia” no se refiere a las personas determinadas, a tal o cual Cardenal o Papa; se refiere a los principios católicos, a los principios intelectuales y morales del pensamiento cristiano. La unidad entre Iglesia y Estado –a la que aspira la doctrina católica– no constituye una subordinación de los mandatarios políticos a los deseos de tal o cual jerarquía, por buena o mala que sea. Que la Iglesia esté unida al Estado no significa que Alberto Fernández le haga caso a todo lo que diga el Cardenal Poli o el Papa Francisco. Es algo mucho más profundo. Los papas han comparado esta unidad entre la Iglesia y el Estado como la unidad entre el alma y el cuerpo: cuando el alma abandona el cuerpo, se produce la muerte; cuando los principios religiosos dejan de influir en la sociedad, la nación comienza a parecerse a un cadáver. Por eso, es bueno que la Iglesia esté unida al Estado.

¿Qué significa, por contraste, esta separación?

 Cuando los mandatarios de la cosa pública rechazan al Evangelio –de palabra, a través de reglamentos, leyes, normativas, actos de gobierno, etc.– como norma y punto de referencia de la sociedad, entonces tiene lugar la separación de la Iglesia y el Estado. El Estado ya no reconoce una ley superior a sí misma. Antes bien, se autoproclama Origen y Referencia de todas las demás leyes. Dios ya no es considerado como la Fuente del Poder: ahora es el Pueblo (así, con mayúscula, deificado) el origen y la fuente de la legitimidad política.

 Los gobernantes pretenden fundar una legitimidad política al margen y aún en contra de Jesucristo; al margen de los principios católicos.

 Históricamente, ¿quiénes han venido impulsando esta separación o, si se quiere, divorcio?

Según los historiadores, este divorcio entre Estado e Iglesia fue impulsado (tanto en Europa como en América) por los integrantes de la Masonería, la cual –a pesar de las recientes y confusas declaraciones de Emanuel Danann, quien pretende defenderla– es una institución absolutamente anticristiana, demoníaca y con pretensiones de dominio internacional, contrarias a toda ética y justicia natural. Así, los masones impulsaron esta separación entre Iglesia y Estado, no sólo en Europa sino en toda América. Convergente con esta separación, no podemos desconocer el papel del liberalismo filosófico, que es la filosofía oficial de la Masonería. En territorio argentino, el primer gran avance de esta idea de separación lo constituye –como explica el Historiador Antonio Caponnetto– la llamada reforma eclesiástica de Bernardino Rivadavia (año 1822 en adelante). Aunque liberales y masones venían impulsando hace tiempo estas ideas, con Rivadavia se realiza el primer gran quiebre.

  ¿Qué consecuencias produjo en la sociedad y en la cultura el liberalismo filosófico?

 Entre las consecuencias, la separación de la fe y la razón, y la separación de la naturaleza y la gracia, por ejemplo. En definitiva, el liberalismo filosófico propició el completo divorcio entre el orden natural y el orden sobrenatural. Cuando este divorcio se lleva al plano de las facultades intelectuales, se llama “racionalismo”. Cuando este divorcio se lleva a la cosa pública, se llama “liberalismo” o “laicismo”. Así, proyectado sobre el orden social, surge la idea separar el Estado de la Iglesia.

 Para el liberal, el ser humano no tiene deberes públicos para con Dios. A lo sumo (dirá el católico liberal), tendrá deberes en el orden privado. A lo sumo, algunos liberales podrán llegar a tolerar o admitir una suerte de esfera privada y particular (la conciencia religiosa) en la que el Estado Liberal tolere que la persona, privadamente, rinda culto a lo que subjetivamente considere su divinidad, y siempre a la par de otras divinidades. Pero de ninguna manera ese culto debe ni puede traspasar la esfera privada; si el culto católico se proclama públicamente, se violentaría la ley.

 Volvamos a la pregunta inicial. ¿Es o no es una bandera ‘feminista’?

 A la luz de estos conceptos y en estricta verdad, nos vemos obligados a decir que la separación entre la Iglesia y el Estado no es sólo una “bandera feminista”. Es una bandera liberal, masónica, que ahora es levantada tácticamente por los feministas.

 ¿Qué sentido tiene, en la actualidad, la consigna “Separación entre Iglesia y el Estado”?

 Para los agentes feministas –mimetizados con la izquierda y los aborteros, y al servicio de la Masonería– esto significa sólo una cosa: que el Estado deje de financiar los colegios católicos, que deje de asignar un dinero a los obispos diocesanos, obispos auxiliares, obispos eméritos, administradores apostólicos y administradores diocesanos, sacerdotes, parroquias de frontera, ciertos institutos de vida consagrada, etc. Asimismo, la Iglesia está exenta del pago de ciertos impuestos. Todo esto, en virtud del art. 2 de la Constitución Nacional, que es otro tema muy complejo en el que nos tendremos que meter. A todo esto se refieren con esa consigna. Pero en realidad, y en un sentido mucho más profundo, la Iglesia ya está separada del Estado. Y esto hace rato.

 Por señalar un hito histórico, ¿cuándo comienza a separarse la Iglesia del Estado?

Habíamos hablado de Rivadavia, pero luego del largo gobierno rosista este daño que le hizo el liberalismo a la unidad entre Iglesia y Estado fue notoriamente reparado. El hito es Caseros, 1852. Sin lugar a dudas, a partir de la derrota de Juan Manuel de Rosas, los mandatarios triunfantes en esa guerra se hicieron de todos los resortes políticos de lo que hasta el momento se llamaba “La Confederación Argentina”. Y comenzaron a imponer una Nueva Legitimidad Política, distinta y aún contraria a todo lo anterior, a través de la ejecución, elaboración  y dictado de una gran cantidad de leyes, códigos, normas y reglamentos contrarios al Evangelio y al pensamiento cristiano, alterando de ese modo la fisonomía de la población argentina en general con las consecuencias que todos tenemos a la vista. Los mandatarios vencedores en Caseros, liberales y masones, dieron inicio así a un proceso de secularización de la sociedad.

 Esta secularización o, mejor aún, DESCRISTIANIZACIÓN de la sociedad viene ganando terreno, con sus más y con sus menos, con avances y retrocesos, desde 1852.

 ¿Tenemos un estado laicista desde 1852? ¿Es un estado semi confesional?

Hay que distinguir los elementos que configuran al Estado: las personas y los instrumentos (constituciones, leyes, reglamentos, protocolos, etc.).

A nivel de personas, no hay ninguna duda de que los vencedores de Caseros tenían una cabeza laicista, eran liberales, masones, antirosistas y, por tanto, derrocaron a Rosas para instalar otro tipo de gobierno. Ahora bien, entre la coalición victoriosa habían también católicos no rosistas o antirosistas. Había también algunos federales traidores a Rosas, como Urquiza. Todos tenían el mismo enemigo pero no pensaban todos igual, y esas diferencias salieron a la luz tan pronto fue derrotado Rosas.

Así, estas diferencias de concepción brotaron en la famosa discusión en torno al art. 2 de la Constitución Nacional.

Entonces, a nivel de personas, no hay ninguna duda de que históricamente prevaleció el sector liberal masónico por sobre el sector católico.

 Y a nivel de instrumentos, terminó siendo aprobada la Constitución Nacional; un verdadero punto de equilibrio entre la posición extrema (Separación Completa y Total entre Iglesia y Estado) y la posición católica (Unidad entre Iglesia y Estado). El instrumento por supuesto perduró y ahí está, las personas cambian, pasan, mueren.

 Ahora bien, existen muchos elementos de confesionalidad del estado que, sin embargo, los enemigos de la fe todavía no han podido remover: uno de ellos es el art. 2 de la Constitución. Asimismo, subsisten numerosos vestigios cristianos en nuestra fisonomía política y social, desde los nombres de algunas provincias (Santa Fe, Santa Cruz, San Juan, San Luis) a los nombres de calles, avenidas, algunos colegios públicos.

 A modo de resumen, hoy en día tenemos un estado anticatólico –tanto a nivel de personas como de instrumentos– en COEXISTENCIA con vestigios de la Argentina como Nación Católica: la cizaña y el trigo. La substancia política del Estado no es confesional, está intoxicada por elementos ideológicos, artificiales y foráneos que son anti católicos y por tanto anti argentinos. Sin embargo, esos rastros de Nación Católica están ahí. A los masones, liberales, ateos, izquierdistas y feministas le molestan estos rastros, y operan para eliminarlos del mapa. En este contexto se entiende la consigna del pañuelo naranja.

 Este proceso de secularización, o mejor dicho descristianización al que hoy asistimos, ¿cómo se dio? ¿Qué eslabones lo configuran?

 Mencionemos algunos principales. Vayamos de 2020 para atrás: los protocolos ILE desvalorizan la vida humana del no nacido, otorgando un marco de legitimidad al horrendo crimen del aborto, que sólo en CABA se llevó el año pasado 8388 vidas. La sola propuesta parlamentaria de una ley de “interrupción” del embarazo, impulsada por el entonces Presidente Mauricio Macri en el 2018, también desvaloriza la vida. El Nuevo Código Civil y Comercial –que vio la luz durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner– está plagado de ideas y conceptos contrarios no sólo a la fe sino también a la razón natural; como botón de muestra, se ha normalizado la práctica de la fecundación in vitro (personas concebidas fuera del vientre materno), que se venía realizando ya desde antes.

Vayamos más atrás: la ley de Identidad de Género, sancionada hace varios años, distorsiona la identidad de las personas. La ley del llamado Matrimonio Igualitario, año 2010, desfigura la institución matrimonial, creada por Dios. Las llamadas leyes “antidiscriminatorias” (año 1988) desalientan que las personas comuniquen públicamente la verdad. La Ley de Divorcio, durante el Alfonsinato, en 1987, fue otra estocada al bien del matrimonio. Hay muchas más leyes, normativas, reglamentos y códigos oficiales que se podrían citar, pero como botón de muestra es suficiente. En definitiva, cuando los agentes feministas piden por la “separación entre Iglesia y Estado” piden por algo que, de hecho, ya viene ocurriendo hace décadas. Lo que falta, afortunadamente, es que esta separación tenga lugar de forma completa y total dado que hay muchos elementos cristianos que subsisten en el cuerpo de la Nación.

Recién hablabas del art. 2 de la Constitución Nacional. Contanos un poco, decías que era un tema muy complejo.

El art. 2 de la Constitución Nacional dice así: ‘El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano’. Este artículo, que parece excelente a muchos católicos hoy día y que parece abominable a la izquierda, la masonería, el liberalismo, los anticlericales, los evangelistas, los laicistas, etc., se juzga de manera muy diferente según el tipo de análisis que hagamos. Pues cabe aquí una dimensión del análisis a) histórica-doctrinaria; b) una dimensión actual. En resumen, diríamos que el art. 2 es insuficiente a los ojos de la recta doctrina católica.

 Explicanos por favor el primer enfoque, el histórico-doctrinario del art. 2 de la CN

El art. 2 de la CN fue escrito en 1853, un año después de la derrota de Rosas en Caseros. Esta derrota militar tuvo enormes consecuencias políticas, sociales, económicas y culturales. Como vimos antes, la idea era formar una nueva fisonomía de la Nación, y para ello todos querían que el Acta de Nacimiento de ese nuevo país fuese la Constitución Nacional.

Los elegidos para opinar, intervenir, redactar el texto de la Constitución fueron llamados “constituyentes”. Ahora bien, no todos pensaban igual. Para empezar, como dijimos, estaba la Masonería. Dentro de ella, había masones “ultra” y había masones moderados. Entre los constituyentes no masones pero que habían colaborado con la Masonería en la derrota de Rosas, había –como dijimos– un sector católico conformado por dos alas: el ala dura y el ala liberal.

Si bien el ala dura era antirrosista, procuraban la sanción de una Constitución en donde la religión católica fuese presentada como religión del estado. Hubo discusiones, y terminó ganando una fórmula que constituyó una suerte de “punto de equilibrio” entre las dos posturas más extremas: la masónica liberal (completa separación) y la católica (confesionalidad).

La fórmula es la que ya conocemos: “el Estado sostiene el culto católico”. Esta fórmula (el famoso sostiene) significó en los hechos un sostenimiento económico y, según la opinión de una escuela de juristas posteriores, alguna fórmula velada de confesionalidad.

Vayamos al segund enfoque, el actual, sobre el art. 2

Hoy, el feminismo marxista abortero va incluso por este último vestigio católico de la Constitución, y exige que el Estado Argentino –que en los hechos, y desde hace rato, viene descristianizando oficialmente la sociedad– avance un paso más, y retire la financiación estatal al culto católico, así como la exención del pago de ciertos tributos.

En síntesis, los grupos feministas –que también son aborteros, financiados y apoyados por magnates como George Soros, completamente alineados a la mentalidad de la OMS-ONU– pretenden acabar con uno de los últimos vestigios de la Argentina como Nación Católica: la financiación estatal.

domingo, 11 de abril de 2021

¿ES POSIBLE UN ESTADO NEUTRAL EN MATERIA MORAL Y/O RELIGIOSA? Por German Masserdotti


 German Masserdotti

Profesor del Vice-Rectorado de Formación (Universidad del Salvador). Magister Universitario en Estudios Humanísticos y Sociales (Universitat Abat Oliba CEU - Barcelona). Columnista en La Prensa (Argentina), Observatorio Internacional Cardenal van Thuân sobre la Doctrina Social de la Iglesia y en Religión en Libertad.


La pregunta acerca de la "neutralidad" del Estado en materia moral y/o religiosa reviste, además de un innegable interés teórico, otro bien práctico. A diario, y todavía más en sociedades post o anticristianas como en las que vivimos -sí, también en la República Argentina se vive en un ambiente post cuando no directamente anticristiano- los partidarios del laicismo suelen levantar la voz cada vez que los gobernantes, los legisladores u otros protagonistas de la vida política participan de ceremonias religiosas -podría ejemplificarse con los Te Deum que se celebran cada 25 de mayo o cada 9 de julio- o argumentan desde sus convicciones morales y religiosas para el voto favorable o el rechazo de determinados proyectos de ley -un ejemplo reciente es el de la inicua ley que legalizó el crimen abominable del aborto en la República Argentina-.­

 

 En realidad, la misma experiencia nos dice -no las construcciones ideológicas- que el Estado no resulta neutral en materia moral y/o religiosa. A propósito de varios ejemplos vinculados con la política educativa, de la promoción de próceres, del establecimiento de fiestas y feriados, del Derecho de Familia, del Derecho Penal, de la política fiscal, de los subsidios, de la aprobación de entidades de bien público, de la validez y nulidad de actos jurídicos, de los impedimentos para ejercer ciertas funciones públicas o privadas, del derecho laboral, de la política sanitaria, de la política cultural, el jurista argentino Eduardo Olazábal concluye que "la concepción ética del gobernante influye en el sentido de las decisiones que se toman. Como no se trata de cuestiones moralmente neutras, quien elija tratará de hacer prevalecer su visión del bien humano, dejando de lado lo que estima inconveniente para el hombre. Y no es inocuo para los gobernados. Por el contrario, todos los casos enumerados implican un impacto en su pensamiento y en su conducta".­

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CREENCIA RELIGIOSA­

Por otra parte, resulta obvio que "la concepción moral se vincula estrechamente con la creencia religiosa. Por esa razón no es indiferente que una función sea ejercida por un ateo, un agnóstico o un fiel de una u otra religión", agrega el mismo autor.­

En una próxima nota nos ocuparemos de la cuestión de fondo, es decir, cuál debe ser -no simplemente la que se da y releva- la concepción moral y religiosa que debe inspirar al Estado. En esta ocasión, nos interesa apuntar otros ejemplos más recientes sobre la imposibilidad de la neutralidad del Estado en materia religiosa y/o moral.­

El Estado argentino, cuando sanciona una ley que establece una asignación universal por hijo (AUH) da cuentas de que considera a la familia y a la maternidad como bienes. El Estado argentino, cuando sanciona y reglamenta una ley que convierte el legal el abominable crimen del aborto, da cuentas de que no le importa la vida humana desde la concepción. El Estado argentino, cuando concede un feriado por la celebración de determinadas fiestas religiosas de acuerdo a los diversos cultos, da cuentas de su mirada aprobatoria por la religión. El Estado argentino, cuando regula fuera de medida el acceso a las ceremonias religiosas por razones de salud pública, da cuentas de su infravaloración de los actos religiosos respecto de otros bienes que juzga superiores.­

Por último, una breve consideración sobre moral y religión en la Constitución Nacional Argentina. "Las acciones privadas de los hombres -declara el artículo 19- que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe". El célebre artículo 2 declara: "El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano" a la vez que el artículo de la misma Carta Magna consagra que "Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio: (...) de profesar libremente su culto".­

De esta manera, resulta evidente que el Estado argentino no es neutral en materia moral y/o religiosa.

 

Publicado en: http://www.laprensa.com.ar/499601-Es-posible-un-Estado-neutral-en-materia-moral-yo-religiosa.note.aspx

miércoles, 31 de marzo de 2021

CURSO DE LATÍN ECLESIÁSTICO


 

Novena al Sagrado Corazón de Jesús que rezaba el Padre Pío

 

I. Oh Jesús mío, que dijiste: “En verdad os digo, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá”. He aquí, confiado en tu Palabra divina, llamo, busco y te pido la gracia...

Padre Nuestro, Avemaría y Gloria.

Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confío.

 II. Oh Jesús mío, que dijiste: “En verdad os digo, todo lo que pedireis a mi Padre en mi nombre, Él os lo concederá”. He ahí que, confiado en Palabra divina, pido al eterno Padre en tu Nombre la gracia......

 Padre Nuestro, Avemaría y Gloria.

Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confío.

 III.- ¡Oh Jesús mío!, que dijiste: “En verdad os digo, los cielos y la Tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán”. He ahí que, confiado en la infalibilidad de tu Palabra divina, te pido la gracia de…

 Padre Nuestro, Avemaría y Gloria.

Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confío.

 Oh Sagrado Corazón de Jesús, infinitamente compasivo con los desgraciados, ten piedad de nosotros, pobres pecadores, y concédenos las gracias que pedimos por medio del Inmaculado Corazón de María, nuestra tierna Madre.

 San José, padre adoptivo del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Amén.

sábado, 27 de marzo de 2021

CONSAGRACIÓN DEL GENERO HUMANO A CRISTO REY


 Oración prescrita por Pío XI en 1925 para la fiesta de Cristo Rey por decreto del 28 de abril de 1926.

Dulcísimo Jesús, Redentor del género humano, miradnos humildemente postrados delante de vuestro altar; vuestros somos y vuestros queremos ser y a fin de poder vivir más estrechamente unidos con Vos, todos y cada uno espontáneamente nos consagramos en este día a vuestro Sacratísimo Corazón.

Muchos, por desgracia, jamás os han conocido; muchos, despreciando vuestros mandamientos, os han desechado. Oh Jesús benignísimo, compadeceos de los unos y de los otros, y atraedlos a todos a vuestro Corazón Sacratísimo.

Oh Señor, sed Rey, no sólo de los hijos fieles que jamás se han alejado de Vos, sino también de los pródigos que os han abandonado; haced que vuelvan pronto a la casa paterna, para que no perezcan de hambre y de miseria. Sed Rey de aquellos que, por seducción del error o por espíritu de discordia, viven separados de Vos: devolvedlos al puerto de la verdad y a la unidad de la fe, para que en breve, se forme un solo rebaño bajo un solo Pastor. Sed Rey de los que permanecen todavía envueltos en las tinieblas de la idolatría o del islamismo; dignaos atraerlos a todos a la luz de vuestro reino.

Mirad, finalmente, con ojos de misericordia a los hijos de aquel pueblo que en otro tiempo fue vuestro predilecto: descienda también sobre ellos como bautismo de redención y de vida, la sangre que un día contra sí reclamaron. Conceded, oh Señor, incolumidad y libertad segura a vuestra Iglesia; otorgad a todos los pueblos la tranquilidad en el orden; haced que del uno al otro confín de la tierra no suene sino esta voz: ¡Alabado sea el Corazón Divino, causa de nuestra salud, a Él se entonen cánticos de honor y de gloria por los siglos de los siglos! Amén.


EL DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO PARA CON LA IGLESIA

  Por Eduardo Rubén Pennisi Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universid...